Acaba de salir publicada en el BOE la decisión del Gobierno de prorrogar la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022, el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. Es decir, las empresas, aunque sean insolventes, ni tienen obligación de pedir concurso ni los acreedores pueden presentar concurso necesario. Esta noticia ha tenido una repercusión inmediata en los medios especializados y, mayormente, su acogida ha sido negativa. Muy en la línea de las muchas críticas que ha recibido también la Reforma Concursal actualmente en curso, y que, como señala la Exposición de Motivos de la Ley, es una de las razones que fundamentan la moratoria. Por parte de los críticos, se nos dice que con esto se está fomentando el no afrontar los problemas, y la política de «patada para adelante» y agravar el ya de por sí el ya preocupante problema de las «empresas zombies». Empresas inviables que siguen en el mercado por mor de medidas como, por ejemplo, esta moratoria.
Por ello mismo, y sin perjuicio de reconocer la realidad de muchos de estos peligros, queremos «romper una lanza» en favor del Gobierno. La reforma concursal actualmente en curso, aunque como todo en la vida es mejorable, es muy positiva para tratar de afrontar las inevitables crisis empresariales que se avecinan. Porque, entre otras cosas, amplía la posibilidad de utilizar preconcursos como alternativa a tener que abrir un procedimiento concursal y permite también procedimientos concursales muy abreviados y previsiblemente algo más rápidos que los actuales. Es cierto que hubiese sido deseable tenerla ya en vigor antes de fin de año, pero si estos meses adicionales sirven para mejorar algunos aspectos mejorables de la reforma como, por ejemplo, introducir un más amplio y eficaz control judicial de las refinanciaciones preconcursales, bienvenido sea.
