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El Supremo pregunta al TJUE si su jurisprudencia sobre la comisión de apertura es contraria al Derecho de la Unión

El Tribunal Supremo ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre la cláusula de comisión de apertura.

En concreto, la Sala de lo Civil afirma que «resulta pertinente plantear la petición de decisión prejudicial al TJUE, para despejar las dudas sobre si la jurisprudencia de este Tribunal Supremo es, en esta cuestión, contraria o no al Derecho de la Unión Europea».

Así lo indica el tribunal, integrado por Ignacio Sancho GargalloRafael Sarazá JimenaPedro José Vela Torres y Juan María Díaz Fraile, en un auto del pasado 10 de septiembre contra el que no cabe recurso.

Durante el último año, varias Audiencias Provinciales han declarado la nulidad de la comisión de apertura de un préstamo hipotecario a raíz de la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020.

El tribunal con sede en Luxemburgo planteó entonces que una comisión de apertura no puede considerarse una prestación esencial de un préstamo hipotecario por el mero hecho de estar incluida en el coste total de este.

Asimismo, indicó que la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas se opone a una jurisprudencia según la cual una cláusula contractual se considera en sí misma transparente, sin que sea necesario que el juez nacional lleve a cabo un examen.

También apuntó que, conforme a la Directiva, una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

Y ello, explicaba, «cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, extremo cuya comprobación incumbe al órgano jurisdiccional remitente».

El Supremo se pronunció sobre esta cláusula en enero de 2019, en la sentencia 44/2019, 23 de enero.

Entonces, según recuerda en el auto,  consideró que la comisión de apertura (que retribuye las actividades de estudio, de concesión, o de tramitación del préstamo hipotecario u otras similares inherentes a la concesión del préstamo) constituye, junto con el interés remuneratorio, el precio del contrato y, en consecuencia, un elemento esencial del contrato de préstamo o crédito hipotecario.

Afirma que «en ningún extremo de esa sentencia ni de otras que haya dictado este tribunal se ha argumentado, para justificar que la comisión de apertura tiene la naturaleza de precio del contrato, que se incluye en el cálculo del coste total del préstamo (la tasa anual equivalente o TAE)».Ocho Audiencias Provinciales siguen al TJUE y declaran nula de la comisión de apertura revocando las tesis del SupremoLa Sala Primera debe reflexionar para acomodar su perspectiva de la defensa de los consumidores al nuevo Derecho de la UE, afirman expertos.

Indica que «las razones por las que este Tribunal Supremo consideró que la comisión de apertura era una partida del precio consistían en que constituye una de las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo y no corresponde a actuaciones o servicios eventuales».

Por tal razón, asegura, «conforme al artículo 4.2 de la Directiva 93/13, la cláusula en la que se establece la comisión de apertura no puede ser objeto de control de contenido cuando es transparente, esto es, cuando es clara y comprensible, en el sentido extensivo que le ha dado la jurisprudencia del TJUE».

Sobre esto, agrega que la sentencia 44/2019 «concluyó que no podía exigirse que la entidad bancaria, para justificar el cobro de esta parte del precio (la comisión de apertura), tuviera que probar, en cada préstamo, la existencia y coste de estas actuaciones, que en su mayoría son exigidas tanto por las normas sobre solvencia bancaria como por las que protegen al consumidor frente al sobreendeudamiento y son imprescindibles para la concesión del préstamo».

En cuanto a su transparencia, destaca que «afirmó que la normativa que regula la comisión de apertura está destinada a asegurar dicha transparencia».

A juicio del Supremo, la respuesta dada por el TJUE en julio de 2020 «estuvo condicionada por un planteamiento distorsionado de la petición de decisión prejudicial».

Una distorsión, añade, «que afectó tanto a la exposición de la normativa interna española como a la exposición de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo».

Considera que el órgano remitente -juzgado de Primera Instancia 17 de Palma de Mallorca- «únicamente trasladó el contenido de las normas que hacían mención a que las comisiones bancarias deben estar justificadas en la prestación de un servicio efectivo, pero omitió la norma que regula específicamente la comisión de apertura y establece para ella un régimen diferente al del resto de comisiones bancarias».

En cuanto a la exposición de la jurisprudencia del Supremo, indica que «el órgano remitente hizo mención a una ‘jurisprudencia nacional que establece que la cláusula denominada comisión de apertura supera automáticamente el control de transparencia’».

«Debemos afirmar tajantemente que esa jurisprudencia no existe. No hay ninguna sentencia de este Tribunal Supremo que contenga esa aseveración», afirma.

Por el contrario, «lo que declaró la mencionada sentencia 44/2019, de 23 de enero, es que ‘la cláusula que establece la comisión de apertura no es abusiva si supera el control de transparencia’ y que ‘el interés remuneratorio y la comisión de apertura son objeto de regulación por las normas tanto de Derecho de la Unión Europea como de Derecho interno, con la finalidad de asegurar su transparencia’».

A juicio del Supremo, la respuesta del TJUE en la sentencia de 16 de julio de 2020 «vino determinada porque las indicaciones del órgano judicial remitente expusieron la normativa interna y la jurisprudencia nacional de una manera distorsionada«, subraya.

«Esta circunstancia propició que una parte importante de órganos judiciales hayan seguido aplicando la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, por considerar que no quedaba afectada por la sentencia de 20 de julio de 2020, ya que el presupuesto sobre el que se había pronunciado el TJUE-no se correspondía con el Derecho nacional; mientras que otros órganos judiciales han interpretado que esa sentencia declaraba que la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sobre la comisión de apertura era contraria al Derecho de la Unión».

«Esta inseguridad jurídica obstaculiza seriamente que este Tribunal Supremo pueda realizar la función que como tribunal de casación le corresponde».

Por ello, plantea la petición de decisión prejudicial al TJUE «para despejar las dudas sobre si la jurisprudencia de este Tribunal Supremo es, en esta cuestión, contraria o no al Derecho de la Unión Europea».

Responsabilidad civil por inteligencia artificial

El estudio examina los peculiares desafíos de los sistemas de IA presentados por sus características, incluyendo conectividad, autonomía, dependencia de datos, complejidad, apertura y opacidad. También contempla las posibles lagunas en las leyes en lo que respecta a la protección de los perjudicados.

Igualmente se evalúan las soluciones que cabe esperar sobre la base de las actuales leyes de responsabilidad civil europeas, también con respecto a los daños causados ​​por la IA, tras sopesar los intereses en conflicto en tales casos, lo que repercute en la aplicación de las normas de responsabilidad.

El estudio se centra únicamente en aspectos clave de determinados grupos de problemas que sirven para resaltar aspectos clave de la responsabilidad civil, por lo tanto, la presentación se limita a un resumen básico de las características clave de las reglas de responsabilidad aplicables que distinguen las leyes de responsabilidad extracontractual de Europa. En cualquier caso, el estudio no pretende lograr una revisión ni siquiera parcialmente completa.

Estudio de Derecho comparado sobre responsabilidad civil por inteligencia artificial

Un tribunal anula el seguro de vida de 20 años vinculado a una hipoteca

El juzgado de primera instancia de Zaragoza ha anulado el seguro de vida de 20 años y el de protección de pagos, que un banco hizo contratar a un particular al firmar la hipoteca y se ha obligado a la entidad financiera a la devolución de en torno a 20.000 euros.

El abogado responsable del caso, José Luis Carrera, ha celebrado que esta sentencia, una de las primeras en España de este tipo, cierre la puerta a una práctica habitual de los bancos calificada de mala praxis por el Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza, ha informado Constitución Abogados en una nota de prensa.

La sentencia es pionera en Aragón y una de las primeras en toda España y anula el seguro de vida de 20 años y el de protección de pagos que el Banco Sabadell hizo contratar a un particular al firmar la hipoteca. Igualmente, la entidad financiera obligó al pago por adelantado de las primas por importe total de 23.068,38 euros, así como la financiación de la misma, de manera que aumentó el préstamo hipotecario en 19.450,70 euros.

Ambos aspectos quedan anulados en la sentencia, que obliga al banco a devolver al cliente en torno a 20.000 euros. El letrado de Constitución Abogados, Carrera, que ha dirigido el caso, ha explicado que la prima consumida del seguro de vida “se reduce al precio de mercado, según ofertas que presentamos, y se devolverá al cliente la diferencia”.

También, se le devolverán al cliente los intereses pagados por la parte financiada de la prima, así como la prima del seguro de protección de pagos y la parte financiada del mismo.

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Todo lo que debes saber sobre el usufructo y usufructuario de un inmueble

Todo lo que debes saber sobre el usufructo y usufructuario de un inmueble | Civil | LawAndTrends
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Los morosos luchan contra Hacienda por su anonimato EL PAÍS

El Tribunal Supremo decidirá si la famosa relación de deudores con la Agencia Tributaria vulnera el derecho al honor y la intimidad de los contribuyentes
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Guía para inquilinos y propietarios: fianza, agencia, desperfectos y cláusulas abusivas en El Pais

La mejor forma de evitar conflictos entre propietarios e inquilinos se basa en el asesoramiento previo. Porque el alquiler de inmuebles para uso de vivienda habitual suele ser fuente de discrepancias. Por un lado, el temor de los propietarios al impago, y por otro, el de los arrendatarios a las condiciones abusivas establecidas en el contrato.

Según un estudio realizado por Méndez Lit, un despacho de abogados especializado en derecho inmobiliario, cuatro de cada cinco dueños sienten inseguridad a la hora de alquilar su casa a otro particular. Los principales miedos son a la falta de pago y a los desperfectos que se puedan ocasionar en el piso.

En lo que respecta a los inquilinos, se enfrentan a nuevas cláusulas que pueden resultar abusivas, como las que los obligan a renunciar a cualquier tipo de carencia en el pago del alquiler si se vuelve a producir una pandemia como la presente.

Pero también a otras, como las que los fuerzan a marcharse de la vivienda antes de la prórroga legal de cinco años que contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos para las personas físicas. La norma permite al arrendatario continuar en el inmueble si la duración del contrato fuera inferior a este plazo, de forma que llegado el día del vencimiento, se prorrogaría obligatoriamente para el propietario por plazos anuales hasta los cinco años, salvo que el inquilino no quisiera quedarse. A modo de ejemplo, si se firmase el contrato este 2021 por una duración de un año y el inquilino quisiera continuar en el piso transcurrido ese año, la normativa lo ampararía, de forma que podría estar hasta 2026. Con la llegada de la covid, muchos pisos turísticos se pasaron al sector residencial, pero ahora inician el camino de regreso bajo estas cláusulas leoninas.

David García Cerecedo, responsable de arrendamientos del bufete Méndez Lit, ha elaborado una guía con consejos para “limitar considerablemente” estas disputas. Empezando por las condiciones iniciales, explica que la ley solo permite al propietario exigir al arrendatario una mensualidad de renta en concepto de fianza, que se debe depositar en el organismo competente de cada comunidad. En el caso de Madrid, por ejemplo, es el Instituto de la Vivienda. De no hacerlo, podría ser sancionado.

En cualquier caso, la fianza se debe devolver por ley al inquilino siempre que la vivienda se entregue en el mismo estado en el que se recibió, no haya deudas pendientes y se avise al dueño en tiempo y forma de la decisión de abandonar el inmueble.

No obstante, las partes pueden voluntariamente pactar otra garantía adicional a la fianza para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del inquilino, pero no puede exceder de dos mensualidades de renta, y la ley no obliga al dueño a depositarla. El letrado recomienda que el dinero se ingrese en la cuenta del propietario. Este depósito se debe devolver al finalizar el contrato siempre y cuando no haya deudas pendientes o desperfectos provocados por el mal uso del inmueble. Y si se acuerda la fórmula del aval bancario, aboga por “no aceptar avales prorrogables de corta duración”, ya que “es común” que el inquilino no los renueve “y la garantía desaparezca”.

Atendiendo a los gastos de la agencia inmobiliaria, que en algunas ciudades son asumidos por el inquilino y en otras por el dueño, el abogado explica que la ley guarda silencio al respecto. “Lo que tendría cierto sentido es que se sufragasen entre las dos partes dado que el interés en la vivienda es mutuo”, señala. Pero es la costumbre de cada ciudad la que fija quién los cubre.

Tan frecuentes como los pequeños desperfectos que se producen en los inmuebles son los enfrentamientos derivados de determinar la persona que debe costearlos. El artículo 21 de la normativa de arrendamientos dispone que “las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario”, mientras que las reparaciones por conservación corren a cargo del arrendador. Lo más adecuado en estos casos es “establecer en el contrato un importe razonable que delimite cuantitativamente la responsabilidad de esas pequeñas reparaciones”, recomienda el experto. Por ejemplo, hasta los 120 euros se responsabilizaría el inquilino y el dueño en lo que exceda.

Y aunque la ley no habla de ello, a veces también se incluye la obligación de contratar un seguro para la vivienda. En estos casos, corresponderá normalmente al arrendador asegurar el “continente” y al inquilino el “contenido”. Mientras que el primero engloba los elementos que conforman la estructura constructiva del inmueble, el segundo está formado por lo que se encuentra en su interior.

Llegado el final, la ley faculta al inquilino para desistir del contrato una vez que hayan transcurrido al menos seis meses con un preaviso de 30 días al propietario. Esto no está penalizado, salvo que se hubiera pactado lo contrario, en cuyo caso la indemnización será una mensualidad de renta por cada año de contrato incumplido. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización.

En estos casos, el letrado recomienda a los propietarios no aceptar compensaciones de las “rentas pendientes de pago con la fianza o garantía”, pues si tras la salida del inmueble se encuentran desperfectos o cuantías debidas, ya no dispondrán de elementos para cubrirlos y “tendrán que reclamar judicialmente”.

https://elpais.com/economia/2021/09/01/mis_derechos/1630480919_406401.html

Ley de la Segunda Oportunidad: la ley que prometía el perdón de sus deudas a los españoles cumple seis años

Tras varios años siendo pedida por ciudadanos, abogados y jueces, el 28 de julio de 2015 entró en vigor en España la Ley 25/2015, comúnmente llamada “Ley de la Segunda Oportunidad”. Repasamos la evolución de su popularidad entre los ciudadanos, si ha cumplido su objetivo de liberar de sus pagos a deudores insolventes y las estadísticas que nos han dejado estos seis primeros años.

Tan necesaria como desconocida, cuando en 2015 Rajoy anunció la puesta en marcha del mecanismo de segunda en España, se presentó como la forma de dejar atrás el endeudamiento arrastrado por miles de españoles tras la crisis de 2008. Este mecanismo de empezar de nuevo sin deudas (“fresh start” en inglés) ya llevaba años funcionando en otros países europeos como EE.UU., Francia, Alemania o Reino Unido.

Hasta 2015 el deudor respondía con su patrimonio por sus obligaciones hasta que estas quedaran saldadas, independientemente solicitase concurso de acreedores y estese calificase de fortuito (art. 1911 CC).

En los primeros tres años (2015-2017), debido a su desconocimiento eran pocos los españoles que se atrevían a pedir que se les perdonaran sus deudas. Este desconocimiento del grueso de la población, sumado a la poca eficiencia de numerosos Juzgados en su aplicación, hizo que el trámite se apreciara como inseguro y costoso tanto en tiempo como en precio económico.

La tendencia inicial creció tras demostrarse su utilidad y efectividad en la práctica. Cada vez eran más frecuentes las noticias que enunciaban sentencias liberatoria de deudas, algunas por importes nada banales. Como ejemplo de estas, cabe recordar el auto conseguido por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en febrero de 2019, donde se cancelaron tres millones de euros a un empresario bilbaíno.

Ese mismo año, en julio de 2019, el TS resolvió un recurso de casación donde la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social impugnaron la exoneración de parte de su crédito en un concurso de acreedores de persona física. Al tener un estatus de deuda privilegiada no quedaba claro si era posible esta condonación de la deuda con la Administración Pública.

Aunque era defendido por numerosos profesionales del Derecho, especialmente, siguiendo las directrices procedentes de la Unión Europea, que se debía cancelar igual que el resto de créditos concursales, no fue hasta 2019 cuando se despejaron todas las dudas sobre ello.

El Tribunal Supremo dio la razón y sentó un precedente para todos los juzgados españoles. Tras esta sentencia, es posible una cancelación del 70% o más del crédito pendiente con la Administración Pública. El resto se abona en cuotas asumibles durante un máximo de 5 años. Al final del quinto año la cantidad adeudada restante quedaría cancelada.

Con la llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma, la gran mayoría de familias españolas vieron como sus ingresos regulares caían drásticamente. Esto elevó el número de expedientes concursales voluntarios. Ante esta situación, el Gobierno de España decretó una serie de medidas para favorecer a la gente conseguir el BEPI en menos tiempo. Estas medidas han ido renovándose desde el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, hasta el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

En condiciones normales la duración del proceso era superior a los dos años. Sin embargo, en la actualidad, son cuantiosos los casos que se resuelven con éxito en menos de 18 meses.

A modo de ejemplo, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, en los seis primeros meses de 2021 ha conseguido ya 42 resoluciones judiciales de perdón de deudas. Esta cifra ya supera el total de todo 2020 logrado por sus abogados.

Ver completo en https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/ley-de-la-segunda-oportunidad-la-ley-que-prometia-el-perdon-de-sus-deudas-a-los-espanoles-cumple-seis-anos/

El Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios

Noticias Judiciales
— Leer en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-plantea-cuestion-prejudicial-ante-el-TJUE-sobre-el-comienzo-del-plazo-de-prescripcion-de-la-accion-de-restitucion-de-los-gastos-hipotecarios

Improcedente el despido de un teletrabajador porque no se puede acreditar que las desconexiones fueran voluntarias

El Juzgado de lo Social nº 4 de Santander ha declarado improcedente el despido disciplinario de un teleoperador que prestaba servicios de call center desde su domicilio y al que la empresa sancionó por no cumplir con las horas de trabajo, desconectarse antes y no justificar dichas desconexiones.

En una sentencia que aún no es firme, el magistrado considera que el despido es improcedente porque “no queda acreditada la voluntariedad en la desconexión”.

El trabajador, con categoría de teleoperador, firmó un contrato de obra o servicio con la empresa en febrero de 2019, que finalizó con el despido disciplinario en agosto de 2020. Entre abril y la fecha de despido, prestó sus servicios desde su domicilio, con su propio ordenador y teléfono móvil.

En agosto, la empresa remitió una carta al empleado junto con unos listados donde aparecen desconexiones desde el mes de junio hasta esa fecha y en la que le informa de que su conducta “es constitutiva de un incumplimiento muy grave y culpable por su parte de las obligaciones que, presididas siempre por la buena fe, tiene para con esta empresa”.

Sin embargo, el empleado impugna el despido porque, entre otros motivos, él mismo puso de manifiesto “en múltiples ocasiones” los fallos del sistema.

Qué pasa con las multas y posibles reclamaciones tras la decisión del Constitucional por el estado de alarma

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de tumbar, a petición de Vox, el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma en lo relativo al confinamiento abre la puerta a la anulación de las multas impuestas por saltarse las restricciones de circulación vía presentación de recurso. En concreto, los magistrados han estimado nulos la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial y la potestad del Ministerio del Interior para acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que el fallo del Constitucional permitirá, en principio, que se puedan anular las multas –firmes y no firmes– relativas a los apartados del decreto-ley que el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales. Este escenario será posible ante la interposición de recurso, dado que el fallo por sí mismo no se traducirá automáticamente en la anulación de las sanciones