El Supremo fija que no se puede cobrar al consumidor el cambio del contador del gas ni siquiera en caso de fraude · Noticias Jurídicas

El Supremo fija que no se puede cobrar al consumidor el cambio del contador del gas ni siquiera en caso de fraude,No cabe imputar al consumidor/usuario el coste del cambio del contador del gas ni siquiera
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Ampliación de la garantía de productos a tres años

Recientemente se ha publicado el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores

Este nuevo decreto, aprobado en Consejo de Ministros, implica algunas modificaciones en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, salvo los artículos 126 y 126 bis (relativos a los contratos de servicios digitales) que se aplicarán solo a los contratos celebrados a partir de esa fecha.

Entre otras cuestiones, desarrolla pormenorizadamente lo que era la normativa de garantías, introduciendo también estas novedades a destacar:

  • El artículo 114 sobre el ámbito de aplicación de garantías excluye a ya expresamente a los animales.
  • Se introducen los “requisitos subjetivos de conformidad”, “requisitos objetivos de conformidad” y las “instalaciones incorrectas o integraciones incorrectas de servicios digitales”.
  • Asimismo, se recoge expresamente el derecho del cliente de interrumpir los pagos en tanto no se cumpla la garantía.
  • Se fija un plazo de 14 días para la devolución del dinero.
  • Se amplía de 2 a 3 años el plazo de garantía, un año como mínimo en caso de bienes de segunda mano.
  • Se amplía, de 6 meses a dos años, la presunción de que el defecto es de origen, recayendo la prueba en contra en la empresa vendedora.
  • Además, se amplía de 3 a 5 años la acción de prescripción.
  • Por otro lado, se obliga al productor a tener un adecuado servicio técnico y a tener repuestos en los 10 años siguientes.
  • Después de entregar el bien para reparar, el cliente tiene un plazo de prescripción de 1 año para recuperarlo.

Los riesgos de las tarjetas ‘revolving’: claves para evitar intereses del 30% en Cinco Días

Las tarjetas revolving tienen unos intereses asociados muy elevados que hacen que, dado que la cuota abonada mensualmente es tan baja, el pago mensual no amortice la deuda contraída y esta siga creciendo. “Por ejemplo, si compramos por 1.000 euros a crédito revolving, en poco tiempo, ya debemos esa misma cantidad en concepto de intereses”, apunta Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

Según los últimos datos del Banco de España, correspondientes a marzo, la tasa anual equivalente (TAE) media de las tarjetas de crédito en España es del 17,9%. Pero estas estimaciones quedan muy por debajo de lo cobrado por algunas firmas, pues, según Adicae, hay más de 200 tarjetas con una TAE que alcanza hasta el 30%. El III Barómetro revolving de Asufin muestra una reducción de los tipos de interés en los últimos meses que, sin embargo, no se refleja en la TAE final (del entorno al 22,84% en las principales tarjetas del mercado) debido a un encarecimiento de los costes de emisión. Además, si el cliente opta por usarla para retirar efectivo de un cajero, la TAE alcanza el 27,99%, según Asufin.

A lo mencionado respecto a los elevados intereses se suma el hecho de que a medida que el cliente amortiza la deuda, el crédito vuelve a estar disponible. “Estos dos factores pueden hacer que dicha deuda se prolongue considerablemente en el tiempo convirtiéndose en una espiral”, apunta Renedo.

¿Es legal imponer un tipo de interés tan elevado?

Son varias las sentencias que han calificado estos productos de poco transparentes y tachado sus intereses de abusivos. De hecho, en Adicae recuerdan que en un auto de marzo, el Tribunal de la UE avaló la doctrina del Supremo para anular contratos con tarjetas revolving por ser declarados como “usura” cuando superan un determinado tipo de interés.

Leer entrada original: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/28/midinero/1622218483_514570.html

La Audiencia de Burgos aprueba un protocolo para alcanzar acuerdos en materia de gastos hipotecarios e intereses de demora

La Audiencia Provincial de Burgos ha aprobado un protocolo para agilizar la resolución de los juicios en los que los consumidores reclaman a los bancos la devolución de los gastos e intereses de demora derivados de la suscripción de hipotecas que les fueron cobrados indebidamente.

El fin por tanto del documento es terminar los procedimientos relacionados sobre esas materias, cualquiera que sea la fase procesal en que se encuentren, o evitar su judicialización si todavía no se hubiese formalizado la demanda.

El protocolo, que ha sido elaborado a iniciativa de la entidad CaixaBank -la cual asume los compromisos que de su contenido se derivan-, queda abierto a la adhesión de los letrados y procuradores que lo consideren procedente, así como de las entidades de crédito que lo estimen oportuno.

Doctrina del Supremo y TJUE

Las sentencias del Tribunal Supremo de enero de 2019, y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2018, sentaron criterio sobre los gastos de formalización de hipoteca e intereses de demora.

Dicha doctrina se refiere a la validez de las cláusulas de comisión de apertura, vencimiento anticipado, intereses moratorios y gastos de constitución de la garantía hipotecaria, así como las cantidades que, en su caso, ha de reintegrar la entidad financiera al prestatario-consumidor.

Desde entonces, los juzgados especializados en cláusulas abusivas de todo el territorio nacional han experimentado un auge considerable en la interposición de demandas por tales materias, con la consecuente inversión de recursos humanos y materiales.

Lo mismo ha ocurrido en la provincia de Burgos, donde se ha atribuido con carácter exclusivo y excluyente y con jurisdicción provincial el conocimiento de las acciones sobre condiciones generales de contratación al Juzgado de Primera Instancia 4 de la capital.

Desde ese momento, junio de 2017, es público y notorio que el incremento de asuntos atribuidos a dicho Juzgado ha sido muy elevado, lo que ha obligado al refuerzo de personal del Juzgado y al nombramiento de una juez en comisión de servicios para que atienda, junto con la magistrada titular, la resolución de pleitos.

Pese a ello, el volumen de trámite y pendencia sigue siendo muy elevado, lo cual es proporcional a la entrada de asuntos -que se cuenta en varios miles por año- elevando el tiempo medio de resolución.

Este documento, con las adaptaciones que se han considerado convenientes para la provincia de Burgos, se basa en otro anterior que se viene aplicando en Valladolid y Palencia.

Protocolo Hipotecas – Audiencia Provincial de Burgos y CaixaBank

Condena a un criador de perros a indemnizar a una clienta a la que le envió un cachorro enfermo

Condena a un criador de perros a indemnizar a una clienta a la que le envió un cachorro enfermo – LegalToday
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Varapalo a las hipotecas con IRPH: la AP de Valencia anula esta cláusula por abusiva

Varapalo a las hipotecas con IRPH: la AP de Valencia anula esta cláusula por abusiva
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El TJUE, en contra de que el plazo hasta la prescripción para reclamar los gastos de la hipoteca arranque cuando se firmó

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre la prescripción para reclamar los gastos de hipoteca y ha dejado sin argumentos a aquellos órganos de la Justicia que consideran que este se inicia desde el momento en que se firmó el préstamo. En concreto, en la sentencia se establece que dicho criterio contraviene la Directiva 93/13 que aplicaron, entre otras, de la Audiencia Provincial de Ávila, Barcelona y de A Coruña.

El TJUE vuelve así a posicionarse del lado de los consumidores. La Sentencia de 9 de julio de 2019 dictada por el mismo Tribunal Europeo ya afirmaba que incluso cuando el préstamo estuviera cancelado no podía privarse de ese derecho a reclamar por parte del cliente.

“El principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor con el fin de obtener la restitución de las sumas indebidamente abonadas para cumplir un contrato de crédito (…) está supeditada a un plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto”, recuerda el escrito. 

“la restitución de las cantidades por los gastos pagados indebidamente al formalizar el préstamo hipotecario nunca podría entenderse prescrita por haber transcurrido el plazo de 15 años (ahora cinco conforme al Código Civil, y diez, según el Código Civil Catalán) desde la firma del préstamo”, ha señalado. Por eso, la jurista considera que “en todo caso, el plazo debería contarse a partir de dicha declaración de nulidad”.

Un error condena a FNAC a vender móviles de un valor de 699,90€ a 124,90€

Un fatal error le ha costado muy caro a la cadena de tiendas de la FNAC. En su web ofertó el Huawei P30, que tiene un valor de 699,90€, por un precio de 124,90€ para los socios y 139,90€ para el resto de consumidores. Como era de esperar la oferta recibió 12.911 pedidos en el tiempo que estuvo activa en la web. El problema vino cuando ninguno de los compradores recibió el móvil en su casa, la compañía se escudó en que se había tratado de un error tipográfico y que la oferta no debía llegar a precios tan bajos.

Muchos de los usuarios decidieron denunciar y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les ha dado la razón, obliga al gigante de los almacenes a vender los móviles por el precio indicado a todos aquellos usuarios que lo adquirieron en su momento a través de la web y por el precio que se indicaba en la misma. De esta forma ha confirmado los laudos arbitrales que habían sido dictados por la Junta Arbitral Nacional de Consumo en los que se dictaminó que el gran almacén FNAC debía vender a los reclamantes un modelo de teléfono móvil de gama alta que había ofertado a través de la web a menos de un tercio de su valor.

Sobrecoste Ryanair por equipaje mano es abusivo y nulo

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca ha declarado en su reciente sentencia de 22 de marzo de 2021 que Ryanair está obligada a transportar el
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Ser abogado no implica conocer el riesgo de una hipoteca multidivisa

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado que la formación universitaria de un prestatario, abogado en ejercicio, no implica conocimiento de los riesgos de la hipoteca multidivisa. En particular el incremento muy significativo, no sólo de las cuotas de amortización, sino también del saldo financiero de la deuda, en su equivalente en euros, a pesar del pago durante años de aquellas cuotas.

El fallo (sentencia 155/2021, recurso 2251/2018) admite que la formación universitaria de los prestatarios permite presumir que tenían capacidad suficiente para entender la información sobre el funcionamiento y riesgos de las hipotecas multidivisas. El problema estriba en que no se ha acreditado que la entidad financiera les proporcionara información precontractual suficiente y adecuada para que pudieran conocer la naturaleza y riesgos vinculados a las cláusulas relativas a la divisa en que estaba denominado el préstamo.

La formación universitaria, ajena al ámbito financiero, y el mero conocimiento del riesgo de la fluctuación del tipo de cambio de la divisa no implica que pudieran conocer, por sí solos, los específicos riesgos que suponía la contratación del préstamo hipotecario en divisas.

En particular el incremento muy significativo, no sólo de las cuotas de amortización, sino también del saldo financiero de la deuda en su equivalente en euros, a pesar del pago durante años de aquellas cuotas, así como el riesgo de que la hipoteca constituida, como consecuencia del incremento de la deuda, resultase insuficiente garantía, insuficiencia que podría generar el vencimiento anticipado del préstamo en caso de que no se ampliase dicha garantía.

En definitiva, esta falta de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación en divisa del préstamo y la equivalencia en euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de amortizar provoca un grave desequilibrio en perjuicio del consumidor, en contra de las exigencias de la buena fe.