Las insolvencias empresariales aumentarán un 2% en España en 2019

Las insolvencias empresariales han crecido un 10% el año pasado en el mundo y se prevé que aumenten por tercer año consecutivo un 6%, según …

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Desaparece el registro de franquiciadores

El pasado 8 de diciembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto Ley 20/2018 de 7 de diciembre que deroga el artículo 62.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM), que obligaba a las empresas (españolas y extranjeras) que quisieran desarrollar la actividad franquiciadora en España a comunicar al Registro de Franquiciadores el inicio de su actividad dentro de los tres primeros meses y, a su vez, disponía la creación del dicho Registro.

La derogación del citado precepto de la LOCM supone a su vez la derogación del Real Decreto 201/2010 de 26 de febrero en lo que se refiere a la creación y regulación del Registro de Franquiciadores.

Considerando que el comercio es competencia básica del Estado parece razonable entender que quedan también sin efecto los distintos Registros de Franquiciadores autonómicos creados por algunas Comunidades Autónomas en desarrollo y coordinación con el precepto de la LOCM que ahora se deroga.

En consecuencia, las empresas que deseen empezar a conceder franquicias no tendrán a partir de ahora la obligación de comunicarlo a ningún registro, mientras que las empresas franquiciadoras ya existentes tampoco tendrán la obligación de actualizar anualmente sus datos en el Registro de Franquiciadores tal y como exigía el citado Real Decreto 201/2010 ahora derogado en esta materia.

Manuel Calvé: “En España tenemos miedo al concurso de acreedores, eso no ocurre en otros …

La Ley Concursal prevé que deba solicitarse el concurso en los dos meses siguientes a que la empresa se encuentre en insolvencia, es decir, que no …

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El temor a un concurso de acreedores desaparece con un buen asesoramiento

… de acreedores es un procedimiento que se realiza con intermediación jurídica, y que tiene como objetivo solucionar los problemas de insolvencia y …

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El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas

El Tribunal Supremo ha dictaminado que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.

En una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

La decisión cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.

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