Tras varios años siendo pedida por ciudadanos, abogados y jueces, el 28 de julio de 2015 entró en vigor en España la Ley 25/2015, comúnmente llamada “Ley de la Segunda Oportunidad”. Repasamos la evolución de su popularidad entre los ciudadanos, si ha cumplido su objetivo de liberar de sus pagos a deudores insolventes y las estadísticas que nos han dejado estos seis primeros años.
Tan necesaria como desconocida, cuando en 2015 Rajoy anunció la puesta en marcha del mecanismo de segunda en España, se presentó como la forma de dejar atrás el endeudamiento arrastrado por miles de españoles tras la crisis de 2008. Este mecanismo de empezar de nuevo sin deudas (“fresh start” en inglés) ya llevaba años funcionando en otros países europeos como EE.UU., Francia, Alemania o Reino Unido.
Hasta 2015 el deudor respondía con su patrimonio por sus obligaciones hasta que estas quedaran saldadas, independientemente solicitase concurso de acreedores y estese calificase de fortuito (art. 1911 CC).
En los primeros tres años (2015-2017), debido a su desconocimiento eran pocos los españoles que se atrevían a pedir que se les perdonaran sus deudas. Este desconocimiento del grueso de la población, sumado a la poca eficiencia de numerosos Juzgados en su aplicación, hizo que el trámite se apreciara como inseguro y costoso tanto en tiempo como en precio económico.
La tendencia inicial creció tras demostrarse su utilidad y efectividad en la práctica. Cada vez eran más frecuentes las noticias que enunciaban sentencias liberatoria de deudas, algunas por importes nada banales. Como ejemplo de estas, cabe recordar el auto conseguido por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en febrero de 2019, donde se cancelaron tres millones de euros a un empresario bilbaíno.
Ese mismo año, en julio de 2019, el TS resolvió un recurso de casación donde la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social impugnaron la exoneración de parte de su crédito en un concurso de acreedores de persona física. Al tener un estatus de deuda privilegiada no quedaba claro si era posible esta condonación de la deuda con la Administración Pública.
Aunque era defendido por numerosos profesionales del Derecho, especialmente, siguiendo las directrices procedentes de la Unión Europea, que se debía cancelar igual que el resto de créditos concursales, no fue hasta 2019 cuando se despejaron todas las dudas sobre ello.
El Tribunal Supremo dio la razón y sentó un precedente para todos los juzgados españoles. Tras esta sentencia, es posible una cancelación del 70% o más del crédito pendiente con la Administración Pública. El resto se abona en cuotas asumibles durante un máximo de 5 años. Al final del quinto año la cantidad adeudada restante quedaría cancelada.
Con la llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma, la gran mayoría de familias españolas vieron como sus ingresos regulares caían drásticamente. Esto elevó el número de expedientes concursales voluntarios. Ante esta situación, el Gobierno de España decretó una serie de medidas para favorecer a la gente conseguir el BEPI en menos tiempo. Estas medidas han ido renovándose desde el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, hasta el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
En condiciones normales la duración del proceso era superior a los dos años. Sin embargo, en la actualidad, son cuantiosos los casos que se resuelven con éxito en menos de 18 meses.
A modo de ejemplo, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, en los seis primeros meses de 2021 ha conseguido ya 42 resoluciones judiciales de perdón de deudas. Esta cifra ya supera el total de todo 2020 logrado por sus abogados.