El Supremo ha vuelto a marcar límites a la concesión de una pensión compensatoria «indefinida» tras un divorcio al considerar que hay que analizar si el miembro de la par
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Autor: Enrique Catalina Esteban
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Criterios definitivos sobre la falta de transparencia en las hipotecas multidivisa y sus consecuencias – El Derecho
Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2021. Han pasado ya cuatro años desde que el dictado de la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2017 en la que el Alto Tribunal declaró la nulidad de una de las denominadas “cláusulas multidivisa” habi
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De bienes embargables a «seres sintientes»: así cambiará la ley española para dar mayor cobertura a la protección animal
El Congreso se ha hecho eco de las demandas y este jueves ha dado luz verde a Ley de PSOE y Unidas Podemos para la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales, con el objetivo de que dejen de ser considerados como objetos, bienes inmuebles o cosas. De este modo, se les reconoce su naturaleza de seres vivos “sintientes” y establece las bases para que, por ejemplo, los tribunales puedan determinar a quién corresponde la custodia en caso de separación o divorcio.
No es la primera vez que este debate se plantea en el Pleno, pero sí la definitiva. En el año 2017 se aprobó por unanimidad la tramitación de un proyecto propuesto por los ‘populares’ en el mismo sentido, pero finalmente no llegó a puerto.
Decisión del Gobierno de prorrogar la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022
Acaba de salir publicada en el BOE la decisión del Gobierno de prorrogar la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022, el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. Es decir, las empresas, aunque sean insolventes, ni tienen obligación de pedir concurso ni los acreedores pueden presentar concurso necesario. Esta noticia ha tenido una repercusión inmediata en los medios especializados y, mayormente, su acogida ha sido negativa. Muy en la línea de las muchas críticas que ha recibido también la Reforma Concursal actualmente en curso, y que, como señala la Exposición de Motivos de la Ley, es una de las razones que fundamentan la moratoria. Por parte de los críticos, se nos dice que con esto se está fomentando el no afrontar los problemas, y la política de «patada para adelante» y agravar el ya de por sí el ya preocupante problema de las «empresas zombies». Empresas inviables que siguen en el mercado por mor de medidas como, por ejemplo, esta moratoria.
Por ello mismo, y sin perjuicio de reconocer la realidad de muchos de estos peligros, queremos «romper una lanza» en favor del Gobierno. La reforma concursal actualmente en curso, aunque como todo en la vida es mejorable, es muy positiva para tratar de afrontar las inevitables crisis empresariales que se avecinan. Porque, entre otras cosas, amplía la posibilidad de utilizar preconcursos como alternativa a tener que abrir un procedimiento concursal y permite también procedimientos concursales muy abreviados y previsiblemente algo más rápidos que los actuales. Es cierto que hubiese sido deseable tenerla ya en vigor antes de fin de año, pero si estos meses adicionales sirven para mejorar algunos aspectos mejorables de la reforma como, por ejemplo, introducir un más amplio y eficaz control judicial de las refinanciaciones preconcursales, bienvenido sea.
La Justicia europea avala el uso del IRPH en las hipotecas aunque no se presentase un folleto con información del índice
El TJUE vuelve a sentenciar sobre este controvertido tipo de interés hipotecario que el Tribunal Supremo consideró poco transparente pero no abusivo
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Concurso de acreedores, 31 de diciembre de 2021
La práctica totalidad del sector de la abogacía coincide en señalar que a partir de enero de 2022 se prevé una avalancha de concurso de acreedores de todo tipo de empresas cuya situación de insolvencia se haya visto generada por la situación del COVID.
Ello obedece a lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del COVID-19.
En virtud de dicho Real Decreto-ley se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. A partir de esta fecha se iniciará el cómputo del plazo legal de dos meses establecido en la propia Ley Concursal para solicitar la declaración de concurso.
También se suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la tramitación de las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores desde el 14 de marzo de 2020.
De esta manera, lo más prudente para una empresa que se encuentra en situación de insolvencia y cuya única salida es la liquidación pasa por el concurso expres. En concreto, el concurso exprés es un mecanismo legal destinado a empresas en insolvencia que carecen de todo tipo de bienes y derechos incluso los indispensables para poder sufragar los gastos de un procedimiento concursal.
De esta manera en la propia solicitud de concurso se insta su simultanea conclusión al no existir patrimonio suficiente para afrontar los gastos del propio concurso de acreedores.
La cuestión mollar es que el Juez para poder declarar el concurso exprés debe constatar la situación de insolvencia, ausencia de actividad, así como que no exista a priori responsabilidad del órgano de administración o de terceros por la situación de la empresa (acciones de reintegración, posibilidad a priori de declaración culpable del concurso, acciones de responsabilidad contra terceros, etc…).
En la práctica, la utilidad real del concurso exprés es la cobertura jurídica que proporciona para evitar el trasvase de la responsabilidad de la empresa a las personas físicas que conforman el órgano de administración y directivos de la misma para que, de esta manera, éstos puedan emprender una nueva actividad y no les lastre la situación de la compañía en los futuros proyectos que tengan en mente.
Anula el TS, por abusivas, las cláusulas sobre la Ley aplicable y transporte o envío del equipaje en otro vuelo, contenidas en el condicionado general del contrato aéreo de pasajeros de Ryanair
El TS declara abusivas las cláusulas sobre la aplicación de la Ley irlandesa y transporte de equipaje en otro vuelo, contenidas en el condicionado general del contrato aéreo de pasajeros de Ryanair. Señala que el carácter abusivo de la primera se desprende del art. 5 del Reglamento de Roma I, que determina que, en el caso de un contrato de transporte de pasajeros, el Derecho aplicable es la Ley española si el consumidor tiene su residencia habitual en España, y el lugar de origen o destino del viaje se localiza en territorio español.
Así, sin la cláusula de elección, los contratos de Ryanair con los consumidores con residencia en España se someterían, en la mayor parte de los casos, a la ley española, mientras que con la inclusión de la cláusula examinada quedan sometidos a la ley irlandesa, lo que supone que el consumidor español deba informarse del contenido de la ley irlandesa si quiere conocer sus derechos y obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial, causando un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. En cuanto a la cláusula del transporte de equipaje en otro vuelo, se trata de una cláusula tan genérica que deja a la voluntad del transportista desplazar o no el equipaje facturado en el mismo vuelo, bajo la invocación de unas inconcretas y absolutamente inespecíficas circunstancias de seguridad u operatividad.
El Supremo ya ha castigado a casi el 80 % del «cartel de los concesionarios»
El Tribunal Supremo ha castigado desde abril a cerca del 80 % de las empresas del llamado «cártel de los concesionarios», tras confirmar multas por un total de 118 millon
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El pacto de no competencia es nulo si la compensación al trabajador resulta insuficiente
La compensación que se otorga al trabajador en virtud de un pacto de no competencia ha de ser proporcional al sacrificio que se le exige, de lo contrario, dicho acuerdo resultará inválido. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una reciente sentencia (acceda al texto en este enlace). Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 1018/2021 de 18 Oct. 2021, Rec. 3769/2018.
En este caso concreto, la cláusula de no competencia, sobre la que ha decidido el alto tribunal, establecía que el trabajador estaba obligado a no realizar ninguna actividad propia del sector de los implantes dentales durante la vigencia de su contrato y en los dos años posteriores a su extinción. A cambio de esta renuncia el empleado recibía un «plus de no competencia» de 35 euros mensuales. Y en caso de incumplimiento, tendría que indemnizar a la empresa con el importe equivalente a la suma de los salarios percibidos en los seis meses anteriores a la fecha de la extinción del contrato.
Para determinar si la compensación económica era o no adecuada, el tribunal ha analizado tres factores: duración del pacto de no competencia, importe de la compensación económica que se abona al trabajador y cuantía de la indemnización que ha de abonar el empleado a la empresa en caso de incumplimiento. En primer lugar, el periodo en el que se extiende el pacto de no competencia postcontractual es el máximo permitido por la norma: dos años. Por tanto, tal y como valoran los magistrados, se le está imponiendo al trabajador el mayor sacrificio contemplado en la ley, lo que «limita seriamente sus expectativas profesionales, pues dicho sector es al que se ha venido dedicando, al menos en los últimos cinco años».
En segundo lugar, el trabajador recibía 35 euros mensuales en compensación, lo que supone el 1,76% de su salario, una cuantía que los magistrados han calificado como «insuficiente para compensar el sacrificio que se le exige». Por último, en caso de incumplimiento, el empleado debía pagar a la empresa una indemnización equivalente a la suma de los últimos seis meses de salario, lo que para el tribunal revela una importante desproporción en comparación con la compensación económica fijada para el trabajador.
Por todo ello, el Supremo ha concluido que el pacto de no competencia no es válido y, en consecuencia, no ha reconocido el derecho a la indemnización por incumplimiento que la compañía reclamaba al trabajador porque, justo después de su dimisión, comenzó a prestar servicios en otra empresa de distribución de implantes bucales y extrabucales.
Asimismo, el tribunal ha precisado que tampoco procede que el empleado devuelva a la empresa las cantidades percibidas mensualmente como compensación porque nada se pactó al respecto en el acuerdo de no competencia.
¿Qué hacer ante un despido improcedente?
¿Qué es un despido improcedente?
Existe despido improcedente cuando la empresa pone fin a la relación laboral que la une a un trabajador y lo hace por fuera del marco que contempla la ley laboral vigente.
En estos casos, la empresa, en su carácter de empleador, decide unilateralmente desvincular al empleado, sin que medien causas legales que lo justifiquen.
¿Por qué esto último es un dato clave? Porque la legislación laboral protege al trabajador a través de previsiones que obligan a los empresarios a cumplir con una serie de requisitos formales y legales en casos de despidos.
Es por ello que si el empleador no se ajusta al ordenamiento jurídico, debe responder por sus despidos improcedentes. Para ello puede optar por la reincorporación del trabajador a su puesto en las mismas condiciones que tenía al momento de ser despedido o por la paga de una justa indemnización.
¿Qué hacer ante un despido improcedente?
Lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con nosotros para que podamos asesorarte respecto a tus derechos y asistirte en los pasos legales que deban cumplirse.
Esto es sumamente importante ya que estos despidos generan en los trabajadores afectados situaciones de mucho estrés, angustia e incertidumbre. Por lo tanto, para cuidar tu salud y fortalecer la defensa de tus intereses, recuerda depositar la confianza en tus abogados.
Ten en cuenta que los plazos procesales para estos trámites inician a partir de la notificación del despido, por lo que debes estar preparado para actuar de inmediato y con la claridad necesaria si quieres lograr el mejor acuerdo y resarcimiento que pueda corresponderte. En este punto, es clave el asesoramiento de los abogados que conozcan las formalidades del procedimiento y que negocien hábilmente las condiciones del despido.
Es importante que asistas a la consulta legal con la carta de despido, en la que deberán figurar las causas esgrimidas por la empresa para justificar el despido y la fecha a partir de la cual se hace efectivo.
Entonces, ¿Qué hacer y qué no hacer al recibir la carta de despido?
- Recibir la carta de despido en disconformidad y dejarlo asentado por escrito claramente NO CONFORME.
- Indicar la fecha en que se recibe la carta en la propia carta, ya que a partir de ahí comenzarán los plazos legales para impugnar el despido.
- No firmar ningún documento que pueda perjudicarte, por ejemplo una carta de renuncia. No pueden obligarte a rubricar un acuerdo si no estás completamente seguro o conforme con sus términos.
- Obtener copia de cualquier documento que firmes y si tienes dudas firma “como acuse de recibo”. Esto implica que no estás aceptando los términos del documento, sino tan sólo recibiendo.
- No aceptes pagos sin consulta previa a un profesional especializado, o en todo caso como hemos dicho antes sólo acusa recibo.
- Contactar de inmediato a tu abogado para brindarte apoyo legal.
- Preparar y presentar junto a tu abogado la correspondiente papeleta de conciliación
- Revisar junto a tu abogado el acta de conciliación en caso de lograrse un acuerdo extrajudicial, en especial lo que tenga que ver con el cálculo indemnizatorio.
- Acudir a la justicia para obtener la declaración de improcedencia del despido.
¿Se puede recuperar el trabajo luego de un despido improcedente?
La respuesta a ello es afirmativa, así lo preve la ley. Sin embargo, esto dependerá de la voluntad del empresario de readmitir al trabajador. Si finalmente el empresario decide la reincorporación, ello implica el pago de los salarios adeudados desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declara la improcedencia. A esto se le llama “salarios de tramitación”.
Si por el contrario el empresario no desea reincorporar al trabajador deberá pagarle una indemnización por despido improcedente, y no salarios de tramitación.
Por último cabe señalar que, si el despedido es un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la elección de si se lo indemniza o reincorpora corresponderá a éste y no al empleador.
¿Hay derecho al paro luego de un despido improcedente?
La respuesta nuevamente es afirmativa. Los despidos dejan al trabajador en situación de desempleo por lo cual está en condiciones de recibir un subsidio por desempleo, si cumple con los requisitos necesarios para ello.
Conclusión…
Los plazos son importantes en el derecho laboral y en especial en el caso de los despidos improcedentes. Contarás tan solo con 20 días hábiles (no sábados, domingos ni festivos) para impugnar la decisión del empleador, razón más que suficiente para contactar lo antes posible con un abogado especializado en derecho laboral.
Por lo tanto, si te encuentras ante una situación de despido improcedente, no firmes ningún documento que pueda perjudicarte y recurre de inmediato al asesoramiento de los mejores abogados para que te acompañen en la reclamación justa de tus derechos.