Ley de la Segunda Oportunidad: la ley que prometía el perdón de sus deudas a los españoles cumple seis años

Tras varios años siendo pedida por ciudadanos, abogados y jueces, el 28 de julio de 2015 entró en vigor en España la Ley 25/2015, comúnmente llamada “Ley de la Segunda Oportunidad”. Repasamos la evolución de su popularidad entre los ciudadanos, si ha cumplido su objetivo de liberar de sus pagos a deudores insolventes y las estadísticas que nos han dejado estos seis primeros años.

Tan necesaria como desconocida, cuando en 2015 Rajoy anunció la puesta en marcha del mecanismo de segunda en España, se presentó como la forma de dejar atrás el endeudamiento arrastrado por miles de españoles tras la crisis de 2008. Este mecanismo de empezar de nuevo sin deudas (“fresh start” en inglés) ya llevaba años funcionando en otros países europeos como EE.UU., Francia, Alemania o Reino Unido.

Hasta 2015 el deudor respondía con su patrimonio por sus obligaciones hasta que estas quedaran saldadas, independientemente solicitase concurso de acreedores y estese calificase de fortuito (art. 1911 CC).

En los primeros tres años (2015-2017), debido a su desconocimiento eran pocos los españoles que se atrevían a pedir que se les perdonaran sus deudas. Este desconocimiento del grueso de la población, sumado a la poca eficiencia de numerosos Juzgados en su aplicación, hizo que el trámite se apreciara como inseguro y costoso tanto en tiempo como en precio económico.

La tendencia inicial creció tras demostrarse su utilidad y efectividad en la práctica. Cada vez eran más frecuentes las noticias que enunciaban sentencias liberatoria de deudas, algunas por importes nada banales. Como ejemplo de estas, cabe recordar el auto conseguido por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en febrero de 2019, donde se cancelaron tres millones de euros a un empresario bilbaíno.

Ese mismo año, en julio de 2019, el TS resolvió un recurso de casación donde la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social impugnaron la exoneración de parte de su crédito en un concurso de acreedores de persona física. Al tener un estatus de deuda privilegiada no quedaba claro si era posible esta condonación de la deuda con la Administración Pública.

Aunque era defendido por numerosos profesionales del Derecho, especialmente, siguiendo las directrices procedentes de la Unión Europea, que se debía cancelar igual que el resto de créditos concursales, no fue hasta 2019 cuando se despejaron todas las dudas sobre ello.

El Tribunal Supremo dio la razón y sentó un precedente para todos los juzgados españoles. Tras esta sentencia, es posible una cancelación del 70% o más del crédito pendiente con la Administración Pública. El resto se abona en cuotas asumibles durante un máximo de 5 años. Al final del quinto año la cantidad adeudada restante quedaría cancelada.

Con la llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma, la gran mayoría de familias españolas vieron como sus ingresos regulares caían drásticamente. Esto elevó el número de expedientes concursales voluntarios. Ante esta situación, el Gobierno de España decretó una serie de medidas para favorecer a la gente conseguir el BEPI en menos tiempo. Estas medidas han ido renovándose desde el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, hasta el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

En condiciones normales la duración del proceso era superior a los dos años. Sin embargo, en la actualidad, son cuantiosos los casos que se resuelven con éxito en menos de 18 meses.

A modo de ejemplo, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, en los seis primeros meses de 2021 ha conseguido ya 42 resoluciones judiciales de perdón de deudas. Esta cifra ya supera el total de todo 2020 logrado por sus abogados.

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El Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios

Noticias Judiciales
— Leer en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-plantea-cuestion-prejudicial-ante-el-TJUE-sobre-el-comienzo-del-plazo-de-prescripcion-de-la-accion-de-restitucion-de-los-gastos-hipotecarios

Improcedente el despido de un teletrabajador porque no se puede acreditar que las desconexiones fueran voluntarias

El Juzgado de lo Social nº 4 de Santander ha declarado improcedente el despido disciplinario de un teleoperador que prestaba servicios de call center desde su domicilio y al que la empresa sancionó por no cumplir con las horas de trabajo, desconectarse antes y no justificar dichas desconexiones.

En una sentencia que aún no es firme, el magistrado considera que el despido es improcedente porque “no queda acreditada la voluntariedad en la desconexión”.

El trabajador, con categoría de teleoperador, firmó un contrato de obra o servicio con la empresa en febrero de 2019, que finalizó con el despido disciplinario en agosto de 2020. Entre abril y la fecha de despido, prestó sus servicios desde su domicilio, con su propio ordenador y teléfono móvil.

En agosto, la empresa remitió una carta al empleado junto con unos listados donde aparecen desconexiones desde el mes de junio hasta esa fecha y en la que le informa de que su conducta “es constitutiva de un incumplimiento muy grave y culpable por su parte de las obligaciones que, presididas siempre por la buena fe, tiene para con esta empresa”.

Sin embargo, el empleado impugna el despido porque, entre otros motivos, él mismo puso de manifiesto “en múltiples ocasiones” los fallos del sistema.

Qué pasa con las multas y posibles reclamaciones tras la decisión del Constitucional por el estado de alarma

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de tumbar, a petición de Vox, el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma en lo relativo al confinamiento abre la puerta a la anulación de las multas impuestas por saltarse las restricciones de circulación vía presentación de recurso. En concreto, los magistrados han estimado nulos la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial y la potestad del Ministerio del Interior para acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que el fallo del Constitucional permitirá, en principio, que se puedan anular las multas –firmes y no firmes– relativas a los apartados del decreto-ley que el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales. Este escenario será posible ante la interposición de recurso, dado que el fallo por sí mismo no se traducirá automáticamente en la anulación de las sanciones

Nueva guía sobre la gestión del riesgo en el tratamiento de datos personales

La Guía sobre ‘Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales’ De la AEPD consta de tres apartados: el primero contiene una descripción de los fundamentos de la gestión de riesgos para los derechos y libertades; el segundo, incluye un desarrollo metodológico básico para la aplicación de la gestión del riesgo; y el tercero está centrado en los casos en los que sea necesario realizar una EIPD e incluye las orientaciones necesarias para llevarla a cabo.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) siempre que sea probable que un tipo de tratamiento entrañe un alto riesgo, el responsable debe realizar una evaluación del impacto. Este proceso permite a las organizaciones identificar los riesgos que un sistema, producto o servicio puede implicar para los derechos y libertades de las personas, con el objetivo de minimizar dicho riesgo.

El Tribunal Constitucional tumba el primer estado de alarma a petición de Vox

El magistrado Pedro Trevijano ha conseguido imponer por la mínima (seis votos contra cinco) su censura constitucional a la herramienta normativa principal usada por el Gobierno de Pedro Sánchez para controlar la pandemia
— Leer en www.eldiario.es/politica/tribunal-constitucional-tumba-alarma-peticion-vox_1_8128384.html

Varapalo judicial a la inmobiliaria que pedía cárcel para una pareja por opinar de sus viviendas en un foro

Cuando la inmobiliaria Valenor se querelló por injurias y calumnias contra Diego y su pareja por unos comentarios en un foro de Internet sobre la calidad de unas viviendas construidas por esta inmobiliaria, ambos pensaron que debía tratarse de una broma. Ella no había escrito comentario alguno, mientras que él se había limitado a opinar sobre las publicaciones de otros usuarios. Sin embargo, esa broma se tornó pesadilla cuando el juez de instrucción aceptó las acusaciones de la inmobiliaria y los envió a juicio.

Valenor argumentaba que la pareja había “dañado el buen nombre” de la empresa y pidió para ellos la pena máxima por esos delitos: dos años de prisión y 50.000 euros de indemnización. El juez de instrucción requirió el pago de esa fianza de 50.000 euros en el plazo de un día, bajo amenaza de embargar sus bienes hasta satisfacer esa cantidad.

Nueve meses después la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fin a ese mal sueño al señalar que “tales alegaciones carecen del más mínimo rigor”. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, las tres magistradas de la Sala han estimado el recurso del abogado de la pareja contra la apertura de juicio oral y ha ordenado el archivo inmediato de la causa.

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Las reclamaciones contra los bancos se disparan un 45% por las hipotecas, las tarjetas y las comisiones

El Banco de España recibió en 2020, el año de la pandemia, más de 21.300 reclamaciones de consumidores contra los bancos que operan en el país. Esta cifra supone un incremento del 45,6% respecto a los datos de 2019, según figura en un informe del organismo supervisor publicado este martes. Es un dato también superior al del año 2018, pero todavía queda por debajo de los años de más conflictividad por ciertas malas prácticas en la banca, como fueron las cláusulas suelo (2013 y 2014) o los gastos hipotecarios (2017).

El documento destaca que casi dos terceras partes de las reclamaciones recibidas por el Banco de España durante el pasado curso obedecen a las hipotecas, las tarjetas y las cuentas corrientes. El organismo recuerda que su buzón de reclamaciones solo puede abordar aquellas protestas que ya se han trasladado previamente ante el servicio de atención al cliente del propio banco. Estas oficinas recibieron en total durante el pasado año más de 820.000 reclamaciones, un 53% más que un año antes.

Ver Memoria de reclamaciones del Banco de España

El Supremo avala que los autónomos puedan desgravarse las comidas de trabajo aunque no cierren ningún negocio en ellas

Los autónomos podrán deducirse las comidas de trabajo que lleven a cabo con sus clientes, independientemente de si en ellas acuerdan o no algún contrato de colaboración. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el pasado mes de marzo, que ha desvelado este viernes el portal AutonomosyEmprendedor.es, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En ella rompe con la doctrina sobre la que Hacienda había venido considerando no deducibles estos gastos, por entender que no estaban directamente relacionados con la actividad desempeñada por el trabajador por cuenta propia.

El cambio de paradigma en la asimilación de estos gastos se aloja en la consideración que hace el Supremo sobre ellos, y que sitúa ahora bajo el paraguas de que su objetivo es “conseguir un mejor resultado empresarial”. “Son deducibles, por tanto, aquellos gastos que siendo donativos o liberalidades” ―esta consideración era la que impedía que pudieran desgravarse―, “coloquialmente se conocen como atenciones a clientes o al propio personal”. Se acaba, por tanto, con la necesidad requerida por Hacienda de presentar el justificante de un ingreso para reconocer la naturaleza laboral de ese encuentro.

https://elpais.com/economia/2021-07-09/el-supremo-avala-que-los-autonomos-puedan-desgravarse-las-comidas-de-trabajo-aunque-no-cierren-ningun-negocio-en-ellas.html

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.

BOE.es – BOE-A-2021-11472 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
— Leer en www.boe.es/diario_boe/txt.php